REQUISITOS QUE DEBEN CONSIDERAR LAS EMPRESAS, PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
ER.- De acuerdo a cifras del el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), actualmente existen 130 mil empresas registradas como proveedoras del Estado Peruano. Según Eduardo Sumarriva, especialista en gerencia de proyectos y administración de contratos públicos y privados; una empresa nueva puede contratar con el Estado, siempre y cuando, acredite los requisitos de calificación establecidos en las bases de la convocatoria a la que se presente.
Los principales requisitos para contratar con el Estado Peruano son:
- Contar con el registro único de contribuyentes (RUC).
- Inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.
- No encontrarse suspendido para contratar con el Estado o tener impedimentos para participar en los procedimientos de contratación del Estado.
A estos requerimientos, se suman los requisitos especiales adicionales solicitado para cada procedimiento de contratación específico. Cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas cuentan con beneficios en la nueva Ley de Contrataciones con el Estado.
“Una empresa establecida en un sector económico también puede postular como proveedor en un rubro nuevo. Para ello, solo deberá modificar la minuta y testimonio de la empresa. Estos documentos deben ser modificados para estar acorde a la actividad de contratación. Si el cambio de rubro es total -de servicios a obras, por ejemplo- también debe realizarse también la actualización en el RNP con el rubro a realizar”, detalló el especialista.
Es importante resaltar, que existen organizaciones y personas que sí están impedidas de contratar con el Estado como: las empresas incluidas en las listas de organismos multilaterales como no elegibles, personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral, personas condenadas en el país o el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos y personas jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado.
