ER.-El Perú sigue marcando hitos en conservación. Más de 40,700 vicuñas fueron registradas en siete áreas naturales protegidas del país durante el V Censo Nacional de la Vicuña, organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con la participación de guardaparques, comunidades altoandinas y gobiernos regionales, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
La cifra representa un récord histórico para estos territorios de conservación y reafirma el papel estratégico del Perú como líder mundial en la recuperación y manejo sostenible de la vicuña (Vicugna vicugna), una especie que estuvo al borde de la extinción y que hoy es símbolo del éxito de la conservación en América Latina.
El conteo se llevó a cabo en siete áreas naturales protegidas: Coto de Caza Sunchubamba, Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Parque Nacional Huascarán, Santuario Histórico de Chacamarca y Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. El trabajo se realizó bajo metodologías estandarizadas de observación directa y con la participación activa de comunidades locales, especialistas y autoridades regionales.
Entre las zonas con mayor población destaca la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Arequipa), que alberga más de 30 mil vicuñas, confirmando las condiciones óptimas de hábitat, protección y monitoreo que ofrecen las áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe).
“Estos resultados consolidan el liderazgo del Perú en la protección de la vicuña y refuerzan el compromiso del Sernanp con la conservación de especies silvestres de alto valor ecológico, económico y cultural”, destacó el equipo técnico del Sernanp.
La información obtenida permitirá actualizar los planes de manejo, orientar políticas públicas y fortalecer las cadenas de valor asociadas a la fibra de vicuña, considerada una de las más finas y valiosas del mundo.
Además, este avance refuerza el modelo de conservación participativa, donde la articulación entre el Estado y las comunidades andinas impulsa el desarrollo sostenible, mejora los ingresos locales y garantiza la preservación de los ecosistemas altoandinos y sus saberes ancestrales.
