ER.-La Amazonía peruana podría marcar un precedente mundial con la creación de la REDD+ Jurisdiccional Indígena, una propuesta liderada por las organizaciones AIDESEP, CONAP y ANECAP, que representan a más de 4,000 comunidades nativas en todo el país. La iniciativa busca proteger los territorios y bosques indígenas frente al avance de actividades ilegales, fortalecer la gobernanza indígena y promover un modelo de desarrollo sostenible basado en la justicia climática.
Según datos del OSINFOR, entre 2015 y 2025 se extrajeron más de dos millones de metros cúbicos de madera de forma ilegal, afectando principalmente a Loreto (76,9 %), Madre de Dios (12,4 %) y Ucayali (5,4 %). A ello se suma la reducción del presupuesto del Ministerio del Ambiente para 2026 —de S/ 1,196.6 millones a S/ 987.06 millones—, lo que agrava la falta de presencia estatal en la Amazonía.
Un modelo indígena para la gobernanza climática
“Queremos fortalecer las capacidades de nuestras organizaciones para participar activamente en el marco de REDD+ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, señaló Esteban Morales, del equipo técnico de AIDESEP.
El especialista explicó que la propuesta apunta a asegurar financiamiento directo para las comunidades, consolidar los territorios de forma sostenible y fortalecer el control y vigilancia comunitaria frente a amenazas ambientales.
El proyecto plantea conservar siete millones de hectáreas de bosque en Loreto, Amazonas y Ucayali, involucrando a 992 comunidades y cinco Reservas Comunales, con el fin de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y generar créditos de carbono transparentes y verificables.
Una alianza con respaldo nacional e internacional
Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y miembro del pueblo Shipibo Konibo, subrayó que esta propuesta es una oportunidad para que el Estado reconozca a las comunidades como aliadas en la conservación forestal.
“El programa busca garantizar que los recursos lleguen directamente a los territorios indígenas. Necesitamos apoyo humano y financiero para enfrentar los problemas ambientales que vivimos día a día”, afirmó.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio del Ambiente (Minam), mediante un acuerdo suscrito durante la COP 16 de Biodiversidad en Cali (2024), y se desarrolla con la colaboración de la cooperación internacional y el ámbito académico.
Un precedente global desde la Amazonía peruana
Rosy Escudero, directora de proyectos de la CONAP y originaria de Loreto, destacó que el diseño del programa tomó seis años de trabajo conjunto. “No solo buscamos proteger la biodiversidad, sino también promover el bienestar de la población indígena, garantizando que los recursos lleguen directamente a sus territorios”, comentó.
Durante la 11ª Reunión FLARE 2025, los líderes Morales, Barbarán y Escudero presentaron la iniciativa ante científicos y financiadores internacionales, subrayando su carácter único a nivel mundial.
El proyecto aspira a demostrar que los pueblos indígenas pueden liderar acciones efectivas contra la crisis climática, combinando conocimiento ancestral, gestión comunitaria y soluciones sostenibles. Su visión a largo plazo es lograr un futuro en el que los territorios amazónicos sean conservados por quienes los habitan y protegen desde hace milenios.
