ER.- El Plan de Gobierno del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) plantea que el desarrollo del país debe construirse sobre una base de sostenibilidad ambiental. En su propuesta, el crecimiento económico no se separa de la protección del medio ambiente ni del uso responsable de los recursos naturales.
Entre sus principales metas se encuentran la reforestación de 500 mil hectáreas de bosques degradados, la reducción de la deforestación en un 60 %, el impulso de una minería responsable y la mejora en la gestión del agua y los ecosistemas. Sin embargo, el reto central no está solo en definir objetivos, sino en evaluar si estos pueden concretarse en un plazo de cinco años.
Desarrollo económico con sostenibilidad
El plan propone integrar criterios ambientales en sectores clave de la economía como la minería, la agroexportación, la pesca y el turismo. La propuesta busca que el país mantenga su crecimiento productivo, pero con mayores estándares ambientales.
Entre las medidas planteadas destacan:
- Impulsar una minería responsable, con estándares ambientales y sociales más exigentes.
- Promover una agroexportación sostenible que evite la degradación de suelos.
- Mejorar la gestión de recursos hídricos para garantizar el acceso al agua.
- Promover el uso sostenible de recursos hidrobiológicos en pesca y acuicultura.
- Desarrollar parques industriales sostenibles y fortalecer el turismo responsable.
Desde un punto de vista técnico, estas medidas son viables si se fortalecen los mecanismos de regulación ambiental y se garantiza la fiscalización de las actividades productivas.
La deforestación, uno de los mayores desafíos
La propuesta de reforestar 500 mil hectáreas de bosques degradados al 2031 es una de las metas más ambiciosas del plan. También se plantea reducir en 60 % la deforestación, un problema que afecta principalmente a la Amazonía.
Especialistas en gestión forestal señalan que la reforestación es posible si se desarrollan programas sostenidos con participación de comunidades, gobiernos regionales y sector privado. No obstante, el éxito dependerá de enfrentar las principales causas de la pérdida de bosques, como la tala ilegal, la expansión agrícola informal y la minería ilegal.
Sin una estrategia integral que combine control territorial, incentivos económicos y formalización de actividades productivas, alcanzar estas metas podría resultar difícil.
Minería ilegal y pasivos ambientales
El plan también propone combatir la minería ilegal y remediar hasta el 70 % de los pasivos ambientales mineros identificados en el país.
La minería ilegal es considerada uno de los problemas ambientales más complejos, ya que no solo genera contaminación por mercurio y pérdida de bosques, sino que también está vinculada a economías informales y redes criminales.
Por ello, especialistas advierten que la solución no pasa únicamente por operativos de control, sino por la creación de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones que dependen de esta actividad.
En cuanto a los pasivos ambientales, su recuperación es técnicamente viable, pero requiere inversiones significativas y una planificación de largo plazo.
Cambio climático y recursos hídricos
El plan también reconoce los efectos del cambio climático, especialmente la pérdida de más del 50 % de los glaciares andinos, lo que podría afectar la disponibilidad de agua en diversas regiones del país.
Entre las acciones planteadas se encuentran programas de reforestación, la protección de cuencas y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en actividades productivas.
Estas medidas son consideradas necesarias para fortalecer la adaptación climática, aunque su impacto dependerá de políticas públicas sostenidas y de la coordinación entre diferentes niveles de gobierno.
Metas ambientales con indicadores
Para medir los avances en sostenibilidad, el plan plantea objetivos concretos al 2031:
- Reducir la deforestación en un 60 %.
- Lograr que el 85 % de las áreas naturales protegidas tengan gestión efectiva.
- Mejorar en 40 % la calidad del agua en las principales cuencas.
- Reducir en 80 % las actividades extractivas ilegales.
Estos indicadores buscan convertir las propuestas ambientales en metas medibles.
El reto de convertir las promesas en políticas públicas
Las propuestas ambientales del PRIN reflejan una intención de integrar la sostenibilidad en el modelo de desarrollo del país. Sin embargo, su viabilidad dependerá de factores clave como el financiamiento, la capacidad institucional del Estado y la coordinación entre el gobierno nacional, las regiones y las comunidades.
En ese contexto, el verdadero desafío no será solo plantear metas ambientales ambiciosas, sino transformarlas en políticas públicas sostenidas que generen resultados concretos para el país.
Efecto Responsable continuará analizando las propuestas de las distintas organizaciones políticas con criterios de evidencia, impacto social y sostenibilidad institucional.
