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PIDEN REGULACIÓN PARA IMPULSAR LA MINERÍA CIRCULAR EN EL PERÚ

ER.-La transición hacia una minería más sostenible requiere repensar el concepto de residuo, coincidieron Alfredo Gallardo, director de Amphos 21 Perú, y Elio Murrugarra, gerente de proyectos de ingeniería de Knight Piésold Perú. Ambos advirtieron que el marco regulatorio actual, pese a sus avances ambientales, sigue siendo lineal y no se adapta a los nuevos modelos productivos circulares.

“La naturaleza no entiende el concepto de residuo. Todo se reincorpora al ciclo de la vida. Hay que empezar a trabajar las normas con sentido común para aprovechar los momentos como los que estamos viviendo”, afirmó Gallardo. Recordó que la Ley de Cierre de Minas (2003) y su reglamento actualizado en 2025 aún no incorporan los principios de economía circular, lo que impide que las operaciones mineras vean el cierre como una oportunidad para generar valor compartido.

Entre los casos de éxito, destacó el de Cerro Verde, que reutiliza aguas residuales urbanas en sus operaciones, y el de la minera brasileña Vale, que reprocesa relaves para recuperar mineral de hierro a costos hasta 30% menores que los de la minería convencional. Según Murrugarra, Vale obtiene más de US$ 200 millones anuales solo en una de sus plantas y busca que el 10% de su producción en 2030 provenga del reaprovechamiento de relaves.

En el Perú, Minsur ha aplicado este enfoque en su proyecto B2 en la mina San Rafael (Puno), logrando incrementar entre 10% y 12% su producción anual de estaño, prolongar la vida útil de la mina y recuperar terrenos para su restauración ambiental. “El costo por tonelada es mucho menor al de la minería subterránea tradicional, y el impacto ambiental, significativamente menor”, precisó Murrugarra.

Finalmente, los expertos coincidieron en que el país cuenta con la capacidad técnica y el conocimiento necesarios, pero requiere una regulación diferenciada que facilite estos proyectos. Entre sus propuestas figuran la creación de una ventanilla única que agilice los trámites, la reducción de plazos de aprobación, mecanismos de silencio administrativo positivo y exoneraciones arancelarias para la importación de tecnologías limpias.

También plantearon fortalecer el catastro nacional de relaves, digitalizar los procesos de participación ciudadana y promover alianzas público-privadas que permitan intervenir depósitos antiguos o abandonados bajo criterios de sostenibilidad e innovación.

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