ER.-La falta de información reciente sobre el acceso a energía en el país está limitando la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas efectivas. Esta fue una de las principales conclusiones del conversatorio “Pobreza Energética: Retos y soluciones para un desarrollo sostenible”, organizado por Solgas, que reunió a especialistas del sector público y privado.
Carlos Barreda, viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, señaló que gran parte de las decisiones se basan en información del censo de 2017. “No podemos seguir diseñando políticas públicas con data desactualizada. Estamos trabajando en un índice multidimensional que incluya acceso a servicios básicos, infraestructura y calidad de vida”, afirmó.
Los panelistas coincidieron en que la pobreza energética debe abordarse como un problema multidimensional y con una “canasta” de soluciones que incluya GLP, gas natural y electricidad. Fabricio Duarte, director ejecutivo de AIGLP, destacó que no existe una única alternativa que funcione para toda Latinoamérica y que el GLP tiene un rol clave por su versatilidad y alcance.
Según un estudio de Macroconsult presentado en el evento, el 46% de la población peruana cocina con leña u otros combustibles contaminantes, cifra que supera el 70% en zonas rurales, lo que expone a millones de personas —especialmente mujeres y niños— a riesgos de salud.
Francisco Torres, director ejecutivo del FISE, mencionó que se están entregando vales de descuento para la compra de GLP a familias vulnerables, mientras que la congresista Diana Gonzales adelantó que el Programa Cocina GLP Perú será debatido en el Pleno.
En el cierre, Mario Matuk, CEO de Solgas, advirtió que la pobreza energética “no admite postergaciones” y que enfrentarla requiere datos actualizados, coordinación interinstitucional y el uso eficiente de todas las fuentes de energía disponibles.
