ER.-El Plan de Gobierno 2026-2031 del Partido Morado propone una transformación profunda del modelo ambiental del país. La propuesta plantea pasar de una economía basada principalmente en la extracción de recursos naturales hacia un enfoque de sostenibilidad y regeneración ambiental, con políticas que abarcan energía, agua, protección de ecosistemas y gestión de residuos.
Sin embargo, más allá de la amplitud de las medidas, el debate central gira en torno a una pregunta clave: ¿qué tan viable es aplicar estas propuestas en el contexto institucional y político del Perú?
Una propuesta que apuesta por la modernización ambiental
Entre las medidas centrales del plan destaca la creación de un Sistema Nacional Digital de Gestión Ambiental, una plataforma que integraría los trámites ambientales y permitiría monitorear en tiempo real la deforestación o la contaminación mediante inteligencia artificial y datos satelitales.
La propuesta también incluye acelerar la transición energética mediante el impulso de energías renovables como la solar, la eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles.
En materia de agua, el plan plantea recuperar técnicas ancestrales de siembra y cosecha de agua, proteger cien cabeceras de cuenca y construir 50 plantas de tratamiento de aguas residuales para reutilizar el agua en agricultura e industria.
En teoría, estas medidas podrían contribuir a enfrentar algunos de los problemas ambientales más urgentes del país, como la escasez de agua, la contaminación de ríos y la pérdida de ecosistemas.
Protección de recursos y control de actividades ilegales
El plan también propone reforzar la vigilancia de las 200 millas marítimas para proteger los recursos pesqueros y crear un comando amazónico integrado destinado a combatir la minería ilegal, la tala y el narcotráfico en la Amazonía.
Otra meta planteada es reforestar un millón de hectáreas en cinco años, combinando inversión pública y privada, además de completar la Zonificación Ecológica-Económica para ordenar las actividades productivas según la fragilidad ambiental de cada territorio.
Estas propuestas buscan responder a problemas conocidos del país, donde las actividades ilegales y la débil fiscalización han acelerado la degradación ambiental en varias regiones.
El componente social del plan
El documento también incluye medidas para abordar los conflictos socioambientales. Entre ellas figura el fortalecimiento de la consulta previa antes de aprobar proyectos extractivos, así como la creación de laboratorios ambientales regionales para monitorear la calidad del agua y del aire con participación de las comunidades.
Asimismo, propone crear una fiscalía especializada para proteger a defensores ambientales, establecer un registro nacional de personas afectadas por metales pesados y reformar la distribución del canon minero para que el 40 % llegue directamente a las comunidades cercanas a los proyectos extractivos.
Economía circular y nuevas políticas ambientales
El plan también plantea cambios en el manejo de residuos y en los modelos de producción. Una de las medidas más visibles es la formalización de 108 mil recicladores, quienes pasarían a ser reconocidos como gestores ambientales con acceso a beneficios laborales.
Además, se propone la responsabilidad extendida del productor, lo que obligaría a las empresas a financiar la gestión de los residuos generados por sus productos, especialmente en el caso de envases, neumáticos y equipos electrónicos.
El documento también promueve viviendas sostenibles con arquitectura bioclimática y sistemas de energía solar, así como programas para crear “hospitales verdes” más eficientes en el uso de energía y en la gestión de residuos biocontaminados.
La viabilidad del plan: el punto más discutido
El Partido Morado sostiene que el plan es viable porque plantea financiamiento diversificado, que incluye cooperación internacional, inversión privada, créditos verdes y bonos de carbono para agricultores que restauren suelos degradados.
Según el documento, algunas de las medidas tendrían un costo relativamente bajo dentro del presupuesto nacional y podrían generar beneficios económicos en el largo plazo.
Sin embargo, el propio plan reconoce que el principal obstáculo es la capacidad del Estado para implementar las reformas. Por ello plantea una transformación institucional que incluya fortalecer los sistemas de control, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y reducir la corrupción.
La propuesta contempla tres etapas de implementación: recuperación institucional en el corto plazo, reformas estructurales en el mediano plazo y cambios culturales en el largo plazo.
Entre la ambición política y la realidad institucional
En términos técnicos, el plan presenta una visión integral que conecta sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y participación social. Sin embargo, el desafío principal no parece estar en la formulación de las políticas, sino en su ejecución en un contexto marcado por debilidad institucional, conflictos socioambientales y limitada capacidad de fiscalización.
En ese escenario, la viabilidad del plan dependerá menos de la ambición de sus propuestas y más de la capacidad del Estado peruano para coordinar instituciones, garantizar recursos y sostener políticas públicas más allá de los ciclos políticos.
Para muchos analistas, ese sigue siendo el mayor reto de cualquier agenda ambiental en el país: convertir las propuestas en acciones concretas que logren equilibrar desarrollo económico, protección ambiental y bienestar social.
Efecto Responsable continuará analizando las propuestas de las distintas organizaciones políticas con criterios de evidencia, impacto social y sostenibilidad institucional.
