ER.- La reciente suspensión de todos los proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Perú y otras regiones del mundo ha generado diversas reacciones, incluyendo preocupación entre especialistas y organizaciones que han trabajado con su financiamiento en temas ambientales y de desarrollo sostenible.
Uno de los programas afectados es el Proyecto Prevenir, una iniciativa de 25 millones de dólares ejecutada entre 2019 y 2024 por la firma DAI, tras un concurso público convocado por USAID. Su principal objetivo era combatir los delitos ambientales en la Amazonía, como la minería y tala ilegales y el tráfico de fauna silvestre. El proyecto estaba próximo a ser relanzado mediante una nueva licitación.
«Es frustrante ver cómo se ha celebrado la suspensión de estos proyectos basándose en información falsa y desinformada. Trabajamos con un equipo de técnicos peruanos altamente capacitados en diferentes especialidades, logrando avances significativos en la lucha contra la ilegalidad ambiental», declaró Claudio Sala, un especialista que formó parte de Prevenir.
Entre los logros destacados del proyecto se encuentran:
- Asistencia legal a personas y organizaciones afectadas por delitos ambientales.
- Financiamiento y capacitación para negocios sostenibles en zonas con alta actividad ilegal.
- Apoyo tecnológico y capacitación a entidades como GERFOR, SERFOR y FEMA.
- Organización de redes de monitoreo lideradas por la sociedad civil y empresas.
- Fortalecimiento de organizaciones indígenas.
- Creación de la primera cadena de valor legal para la minería artesanal formalizada.
- Campañas de concientización en Ucayali, Madre de Dios y Loreto.
- Movilización de más de 3 millones de dólares del sector privado para cofinanciar la lucha contra delitos ambientales.
A pesar de estos avances, el especialista advirtió que los desafíos fueron considerables. «Nos enfrentamos a gobiernos regionales permisivos con la ilegalidad, un gobierno central inestable, la pandemia y un Congreso que sigue extendiendo indefinidamente el REINFO, lo que favorece la minería ilegal», indicó.
Ahora, con la cancelación de la segunda fase de Prevenir y otros proyectos de USAID, el trabajo realizado se detiene abruptamente. «Las organizaciones indígenas pierden apoyo legal ante invasiones, los negocios sostenibles se quedan sin financiamiento, las víctimas de trata de personas pierden asistencia y la Amazonía queda más vulnerable ante la minería ilegal», sostuvo el especialista.
Desde diversos sectores, se están evaluando las consecuencias de esta suspensión y se plantea la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento para continuar con la lucha contra los delitos ambientales en el país.
